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Los cibercrímenes: un nuevo paradigma de criminalidad: un estudio del Título VII bis del Código Penal Colombiano
Los cibercrímenes son los delitos de hoy y del futuro, y quizá la fenomenología criminal más interesante del “nuevo derecho penal”. Su eclosión obedece a la natural interacción presente en una sociedad postindustrial altamente mediática y comunicativa, que ha visto transformadas todas sus costumbres sociales, económicas, políticas y financieras, etcétera, en los últimos treinta años. Sin duda, los seres humanos se han convertido en víctimas hipervulnerables de un sistema que depende de los dispositivos informáticos, utilizados por masas que todavía no comprenden muy bien sus efectos y sus vulnerabilidades. Este nuevo paradigma virtual, no obstante haber facilitado la vida, también ha incrementado los riesgos asociados a los bienes jurídicos, en particular a la seguridad de la información; la confiabilidad, integridad y disponibilidad de los datos y los sistemas informáticos; y la intimidad y autogestión digital.
Es más, a partir de finales de los años setenta de siglo XX, el nacimiento de los delitos informáticos y los cibercrímenes (daños informáticos, trasferencias no consentidas de activos, obstaculización de datos e infraestructuras informáticas, etcétera), ha demostrado la existencia de una serie de factores dogmáticos y políticocriminales que obligan a repensar e incluso replantear muchas de las nociones y categorías dogmáticas tradicionales. Esta candencia legal ante la innovación tecnológica se ha manifestado en el ámbito del derecho penal en la creación de nuevos delitos (los denominados delitos ciber: ciberterrorismo, ciberlavado, ciberespionaje, cibersabotaje, ciberfraude, etcétera) en todas las áreas, y en la transformación de los medios de prueba y de las metodologías procesales. Cambios que requieren profundos estudios para comprender primero de qué se trata este fenómeno y luego tratar de plantear estrategias de prevención para proteger los bienes jurídicos más importantes para la convivencia social, muchos de ellos verdaderos derechos
constitucionales fundamentales. En palabras de la Prof. Dra. ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, se trata de estudiar el “(…) dilema de la postmodernidad que denunciaron hace décadas ADORNO y MARCUSE, entre otros: no podemos vivir sin los adelantos de la tecnología porque nos traen desarrollo, mayor bienestar, sin lugar a dudas, pero a la par vienen cargados de riesgos cuando estos progresos se utilizan para fines perversos. Regular dentro de esa disyuntiva no es nada fácil porque no se puede coactar la libertad asociada al desarrollo tecnológico por sus incuestionables beneficios, pero a nadie escapa que los riesgos, las inseguridades, han crecido de manera exponencial y es difícil dominarlos, más aún con una herramienta represora como lo es el derecho penal. A vueltas con el
dilema entre libertad y seguridad. Realizar un fino equilibrio entre ambos aspectos es tarea de grandes especialistas, labor en la que el profesor POSADA MAYA sale airoso”.
Los cibercrímenes son los delitos de hoy y del futuro, y quizá la fenomenología criminal más interesante del “nuevo derecho penal”. Su eclosión obedece a la natural interacción presente en una sociedad postindustrial altamente mediática y comunicativa, que ha visto transformadas todas sus costumbres sociales, económicas, políticas y financieras, etcétera, en los últimos treinta años. Sin duda, los seres humanos se han convertido en víctimas hipervulnerables de un sistema que depende de los dispositivos informáticos, utilizados por masas que todavía no comprenden muy bien sus efectos y sus vulnerabilidades. Este nuevo paradigma virtual, no obstante haber facilitado la vida, también ha incrementado los riesgos asociados a los bienes jurídicos, en particular a la seguridad de la información; la confiabilidad, integridad y disponibilidad de los datos y los sistemas informáticos; y la intimidad y autogestión digital.
Es más, a partir de finales de los años setenta de siglo XX, el nacimiento de los delitos informáticos y los cibercrímenes (daños informáticos, trasferencias no consentidas de activos, obstaculización de datos e infraestructuras informáticas, etcétera), ha demostrado la existencia de una serie de factores dogmáticos y políticocriminales que obligan a repensar e incluso replantear muchas de las nociones y categorías dogmáticas tradicionales. Esta candencia legal ante la innovación tecnológica se ha manifestado en el ámbito del derecho penal en la creación de nuevos delitos (los denominados delitos ciber: ciberterrorismo, ciberlavado, ciberespionaje, cibersabotaje, ciberfraude, etcétera) en todas las áreas, y en la transformación de los medios de prueba y de las metodologías procesales. Cambios que requieren profundos estudios para comprender primero de qué se trata este fenómeno y luego tratar de plantear estrategias de prevención para proteger los bienes jurídicos más importantes para la convivencia social, muchos de ellos verdaderos derechos
constitucionales fundamentales. En palabras de la Prof. Dra. ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, se trata de estudiar el “(…) dilema de la postmodernidad que denunciaron hace décadas ADORNO y MARCUSE, entre otros: no podemos vivir sin los adelantos de la tecnología porque nos traen desarrollo, mayor bienestar, sin lugar a dudas, pero a la par vienen cargados de riesgos cuando estos progresos se utilizan para fines perversos. Regular dentro de esa disyuntiva no es nada fácil porque no se puede coactar la libertad asociada al desarrollo tecnológico por sus incuestionables beneficios, pero a nadie escapa que los riesgos, las inseguridades, han crecido de manera exponencial y es difícil dominarlos, más aún con una herramienta represora como lo es el derecho penal. A vueltas con el
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Al cambiar nuestros procesos más importantes y
productos, ya hemos dado un gran salto adelante. Esto abarca desde la
mayor uso de fibras más sostenibles al uso de más
Procesos de impresión respetuosos con el medio ambiente para el desarrollo de
Gestión eficiente de residuos en nuestra cadena de valor.
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Esta garantía no cubre estrictamente los daños que surjan por negligencia, mal uso, desgaste o no seguir las instrucciones del producto (caída del producto, etc.).
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